Dos médicos para cubrir un área de 120 km



Las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia se comprometieron a solucionar de manera urgente el problema sanitario que afecta a la localidad de Fortín Dragones, donde el viernes pasado se produjo la muerte de una aborigen de la etnia wichi por desnutrición extrema.
La situación de la mujer se agravó porque ella se negó a ser atendida por los profesionales y no aceptó las recomendaciones de los agentes sanitarios. La situación desbordó, incluso, a su familia.
En una reunión que mantuvieron en las últimas horas del martes con los representantes de la misión “La Chirola”, donde ocurrió el deceso de la mujer, se firmó un acuerdo refrendado por el subsecretario de de Gestión de la cartera de Salud, Juan José Esteban, quien se hizo presente en el lugar acompañado de la encargada del centro de salud de esta población del departamento San Martín, Miriam Aparicio, y el doctor Julio Carpi, del hospital San Roque de Embarcación.
Esteban se comprometió a designar dos médicos y dos representantes bilingües de esa comunidad para garantizar que los pacientes aborígenes reciban una adecuada atención cuando concurran al establecimiento ante cualquier problema de salud.
Para Raúl Fernández, esposo de la víctima, se trató de un caso de negligencia médica “porque en ningún momento se preocuparon en determinar la enfermedad que padecía”. Cuando su cuadro se agravó, la paciente se negó a concurrir al hospital y debido a que no podía ingerir alimentos ingresó en un cuadro de desnutrición extrema que le provocó la muerte por un paro cardiorrespiratorio.
Más reclamos
Con el deceso de la paciente de 37 años, en Dragones se multiplicaron los reclamos de los vecinos debido a que el centro de salud no cuenta con médico desde los primeros días de este mes por licencia del único profesional que había. Esta área operativa tiene una cobertura de 120 kilómetros a la redonda y solamente cuenta con 10 agentes sanitarios, los que desarrollan su labor en condiciones extremas, ya que deben trasladarse en bicicleta por caminos vecinales en medio de los intensos calores en esta época del año. Luego de la reunión con los funcionarios, los integrantes de la comunidad resolvieron suspender la manifestación que tenían previsto realizar ayer a la mañana. “Hemos decidido hacer un compás de espera, queremos ver si el Gobierno va a cumplir con el contenido del acta acuerdo”, dijo Fabián Fernández, cuñado de la mujer fallecida. Y agregó que por el momento se mantendrán en estado de alerta.

Un dilema ético

¿Puede ser obligado un adulto a recibir un tratamiento médico que rechaza?. ¿Tiene el Estado obligación de usar la fuerza en estos casos?. Salta afronta ahora un dilema jurídico y filosófico.

La controversia que se plantea en torno de lo sucedido con la aborigen wichi es el grado de responsabilidad que les cabe a las autoridades sanitarias y, eventualmente, a los familiares de la víctima. La responsable del centro de salud de Dragones aseguró que cuando la quisieron internar, la mujer se opuso, en tanto que sus familiares sostienen que la víctima adoptó esta decisión porque en su momento no le prestaron la atención sanitaria que requería y porque ya estaba en estado terminal. “Al tratarse de una persona mayor, nosotros no la podíamos internar por la fuerza”, argumentó Miriam Aparicio. La funcionaria dijo que “cuando el paciente es un menor de edad, podemos dar intervención al juez, pero en este caso no”. Si esto es así, ¿nadie puede hacer nada para evitar la muerte de una persona?.