Campesinos del Chaco Salteño se sienten amenazados por una serie de desalojos que, aseguran, se vienen sucediendo a lo largo de las localidades asentadas a la vera de la ruta nacional 81, desde Hickmann hasta Los Blancos. Tanto es así que en mayo pasado evitaron la ejecución de una orden judicial contra Alfredo Riera, vecino de Hickmann, departamento San Martín. Sin embargo, el pequeño productor teme que en los próximos días pueda ser desalojado por la fuerza pública. La última vez, denunció, “no sólo vino Infantería, sino que también se apersonaron civiles armados”. Al respecto, informó que dejó asentado el hecho en la comisaría de la localidad.
Riera explicó que su situación es similar a la de muchos campesinos de esa parte de la provincia, que “hoy vivimos amenazados por el fantasma del desalojo. Si bien es cierto que en muchos casos no contamos con las escrituras de los terrenos donde estamos asentados, vivimos aquí desde hace varias generaciones”.
Apuntó que en su caso particular reside en el lugar, finca La Matanza, desde que nació.
“Aquí vino a vivir mi abuelo en 1928. Mis padres y yo nos criamos en este lugar y hoy nos vienen a desalojar como si fuésemos extraños”, dijo.
Resaltó, además, que lo que está sucediendo en la región es que “antes a nadie le importaban estas tierras. Hasta la pavimentación de la ruta 81 no valían nada. Se pagaba alrededor de 40 pesos la hectárea. En cambio hoy, con el pavimento y el auge de la agricultura, vale unos 400 dólares. Es por eso que ahora apareció gente con escrituras a pedirnos que nos vayamos, sin ninguna explicación. En mi caso particular, quiero sentarme a hablar con la que dice ser la propietaria de estas 1.800 ha y arreglar de alguna manera. Yo sólo ocupo una pequeña fracción, donde crío mis vacas en el monte”.
Riera manifestó que su desalojo se tramita por el Juzgado Civil y Comercial de Tartagal, a cargo de la jueza Ana María de Feudis.
Al respecto, dijo que “hay en ese juzgado cerca de un centenar de causas similares, de las cuales alrededor de 30 ya fueron ejecutadas. Tenemos temor de quedarnos en la calle”.
Recordó que hace ocho meses entró en vigencia la ley 7.658, por la que se suspenden los desalojos de campesinos por el término de un año y medio; sin embargo, “las cosas vienen sucediendo igual y muchos campesinos quedaron sin nada”.
Son más de 450 los campesinos nucleados en la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño, quienes manifestaron su preocupación por la situación de inestabilidad en la que transcurren sus días.
Riera vive junto a sus cuatro hijos, tres de ellos menores de edad.
“Pedimos primero que la Justicia nos ayude a regularizar nuestra situación y no nos trate como delincuentes. Somos gente de campo, trabajadora, que sólo queremos vivir como lo venimos haciendo desde toda la vida”.
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