La muerte de la última beba de una comunidad aborigen por desnutrición confirmó una vez más la poca efectividad del sistema sanitario de la provincia para controlar este flagelo que en lo que va del año registra 13 víctimas fatales, todas ellas pertenecientes a los pueblos originarios.
Este hecho también permitió determinar las falencias en el control y seguimiento de las embarazadas. Una prueba de esto es que no se sabe con exactitud la edad que tenía la pequeña, porque los registros que hay en el minihospital del pueblo de Padre Lozano, en el departamento San Martín, son un “mamarracho”.
El deceso de la pequeña Elsa Milagros Castillo se produjo el 9 del corriente, cuando era trasladada en estado grave desde el hospital San Roque, de Embarcación, al hospital San Vicente de Paul, de la ciudad de Orán. Raúl Isidro Castillo y Elsa Flores explicaron que la chiquita ya había estado internada con anterioridad en esos lugares debido a que había nacido prematura, a los seis meses de gestación, en un parto casero.
La pareja vive en la Misión Salim 1, ubicada en el acceso sur, a 27 kilómetros de la ciudad de Embarcación, en el departamento San Martín. De acuerdo con el último censo, Padre Lozano cuenta con 886 habitantes, de los cuales el 70 por ciento son aborígenes, la mayoría con necesidades básicas insatisfechas.
En enero de este año se inauguró un minihospital que cuenta con todas las comodidades, pero carece de médico. La atención está a cargo de tres enfermeros que se distribuyen la tarea de 7 a 12 y 14 a 23, además de tres agentes sanitarios. “Desde esa hora hasta el día siguiente nadie tiene derecho a enfermarse”, ironizó un vecino.
El único médico de la zona tiene su base en el centro de salud de Misión Chaqueña, la comunidad aborigen más grande de esa comarca, el que además cuenta con una ambulancia, la que no se da abasto para llegar a tiempo ante cualquier emergencia porque debe recorrer largas distancias. Ese profesional atiende una vez por semana en Lozano, con el agravante de que sólo da turno para 10 pacientes, se quejaron los representantes de esa comunidad.
El matrimonio Castillo relató que Elsa Milagros fue derivada el 6 de mayo al hospital de Embarcación, donde la internaron de urgencia, pero como no la pudieron compensar, tres días después la derivaron a Orán, a donde llegó sin vida. Sin embargo, el enfermero Marcos Vásquez aclaró que la beba no fue trasladada el día 6, sino el 8, y así lo consignó en un cuaderno que exhibió a El Tribuno. En el certificado de defunción se dejó asentado que la chiquita presentaba diagnóstico de “broncoaspiración, bronquitis, neumonia, prematurez y deshidratación”.
“La chiquita venía enfermita, lloraba mucho, pero como la ambulancia siempre tarda mucho en llegar cuando la necesitamos, no la pudimos llevar cuando se puso mal y esperamos hasta el día siguiente”, explicó Castillo. Dijo que “mi esposa me contó que en Embarcación no la atendieron bien. Además los médicos la retaron por haberla llevado tarde, pero el problema no fue de nosotros, sino que la ambulancia no llegó cuando la pedimos”.
Los padres de la beba presentaron una denuncia ante el Ministerio de Salud Pública, la que fue avalada por las autoridades de la comunidad aborigen. “Esto no va a quedar así, no es justo que a los aborígenes nos sigan teniendo en el olvido, sin importarles que nuestros hijos se mueran como animales”, expresó el padre de Elsa Milagros.
“Lo único que hacemos es rogarle a Dios que no nos pase nada”, sentenció Eliseo Simplicio, presidente de la comunidad “Salim 1”, al graficar el estado de abandono en materia sanitaria. Dijo que los agentes no están realizando un efectivo seguimiento de las embarazadas y que esto se ve reflejado en que la mayoría de los partos se producen en los domicilios, con todos los riesgos que esto implica para la madre y el hijo.
Leonardo Simplicio, otro vocero de la comunidad, calificó de “lamentable” que en Padre Lozano se haya inaugurado un minihospital y que no cuente con un médico y con más enfermeros y agentes sanitarios, por considerar que el plantel de auxiliares de la salud es insuficiente. “El intendente de Embarcación (Alfredo Llaya) nos puso como excusa que los médicos no quieren venir porque les pagan poco”, subrayó. Apuntó que “si lo que dice Llaya es verdad, es doblemente grave, porque quiere decir que el Gobierno prefiere que se sigan muriendo más chicos aborígenes, antes que poner unos pesos más para que venga un médico”.
El dirigente también señaló que otra prueba de la exclusión social en que viven, se refleja en el hecho de que una gran cantidad de aborígenes de la zona son indocumentados. Puso como ejemplo el caso de Elsa Flores, la madre la beba fallecida, quien tiene 28 años y todavía no cuenta con su DNI. “Yo me cansé de hacer gestiones y en todos lados me pusieron trabas”, aseguró su esposo.
FUENTE: DIARIO EL TRIBUNO
FUENTE: DIARIO EL TRIBUNO
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